Un divorcio, un peluquero y una obsesión

Todo empieza donde empiezan tantas cosas: en un divorcio.

Reinaldo Colás Navarro era peluquero en Benicarló, un pueblo de la costa de Castellón. Se había formado con Llongueras, tenía su local y una vida razonablemente ordenada hasta que se rompió el matrimonio con su mujer, una bailarina australiana unos veinte años más joven. De aquella relación había dos hijas pequeñas: en 1997 tenían cinco y tres años.

Tras la separación, Colás entró en una espiral de alcoholismo severo y depresión. Y su exmujer inició una nueva relación con Giuseppe Farina, un empresario italiano afincado en la zona que le había cedido alojamiento —una caseta de obra— en una finca de su propiedad, el Mas del Coll, en Rosell.

Ese es el punto cero: una venganza. No hay ninguna red, ninguna secta y ningún ritual. Hay un hombre hundido, celoso y bebido que no soporta que otro ocupe su lugar en la cama de su exmujer y en la vida de sus hijas. Lo que vino después convirtió un drama familiar de lo más corriente en el mayor bulo de la historia reciente de España.

Y aquí está la pieza que lo explica casi todo: quién era el «vecino italiano»

Giuseppe Farina no era un empresario cualquiera. Nacido en Gambellara en 1933, fue presidente del AC Milan entre 1982 y 1986: el último antes de la era Berlusconi. Antes había dirigido el Vicenza, al que llevó a un histórico subcampeonato de la Serie A en 1977-78, y presidió una docena de clubes a lo largo de su carrera.

Compró el Milan en enero de 1982 y dimitió en 1986 con el club ahogado en deudas y al borde de la quiebra. De ahí acabó recalando en la costa de Castellón. Es decir: el hombre al que Colás denunció era un expresidente de uno de los grandes clubes de Europa, con fortuna opaca y un pasado financiero turbio. El sospechoso perfecto para cualquiera que quisiera construir un relato de poder, dinero e impunidad. Sin ese detalle, el caso Bar España probablemente se habría quedado en una denuncia archivada de un pueblo de Castellón. Farina murió el 22 de abril de 2025, a los 91 años, en Italia: veintiocho años después de aquella denuncia, y sin llegar a ver sentados en el banquillo a quienes lo señalaron.

Fuentes: El Español, «Toda la verdad sobre el Bar España» (7-7-2019) · Newtral (10-7-2019).

La denuncia, la pericial… y el archivo que lo desencadenó todo

7 de abril de 1997. Reinaldo Colás se presenta en el cuartel de la Guardia Civil de Vinaròs y denuncia a Giuseppe Farina por agresiones sexuales a sus dos hijas.

Se incoan las Diligencias Previas 522/97 en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaròs, cuya titular es la magistrada Sofía Díaz García. Y aquí hay que detenerse, porque de esta decisión judicial nace todo lo demás.

El juzgado hace lo que debe hacer: investiga. Las niñas son exploradas por profesionales. Ingresan cautelarmente durante seis meses en el centro de menores Baix Maestrat mientras se aclara la situación. Y una psicóloga designada por la propia jueza entrevista a las pequeñas.

Su informe es demoledor, y no en el sentido que Colás esperaba: concluye que «las menores coinciden en que nunca han visto a un hombre desnudo» y que «el padre las induce a recordar cosas que en realidad no han sucedido».

Las diligencias se archivan. La denuncia se considera inverosímil e inconsistente.

Colás no lo acepta. Y a partir de ese momento, la jueza que archivó su denuncia deja de ser para él una magistrada que aplica la ley: pasa a ser parte de la conspiración. Veinte años después seguirán llamándola «pedófila» en la puerta de su juzgado.

Por qué les quitaron a las niñas (y qué pasó en el centro)

Es una de las partes peor entendidas del caso, y precisamente por eso es la que más explotó el bulo. Hay que contarla despacio.

Por qué se las llevaron. Cuando hay una denuncia por abusos sexuales a menores, el protocolo obliga a proteger a los niños apartándolos del entorno denunciado mientras se aclara. Y el entorno denunciado era, literalmente, la casa donde vivían: la denuncia señalaba a la pareja de su madre. Así que la medida fue cautelar y casi automática —seis meses en el centro Baix Maestrat de Vinaròs—, y no la tomó ningún conspirador: la tomó el sistema haciendo exactamente lo que debe hacer cuando alguien denuncia lo que Colás denunció.

De ahí sale la ironía más brutal de toda esta historia, y es la que lo explica casi todo: fue la denuncia falsa del padre la que provocó que le quitaran a sus hijas. Salió a destrozar la nueva vida de su exmujer y lo que consiguió fue que sus dos niñas, de cinco y tres años, pasaran medio año internas en una institución.

La pérdida definitiva de la custodia vino después, y tampoco fue un castigo por denunciar. Fue por lo que había establecido la psicóloga designada por la jueza: que el padre les inducía recuerdos de cosas que no habían ocurrido. Un progenitor que hace eso con niñas de esa edad es, a efectos de protección del menor, un riesgo. Ese fue el motivo.

¿Y abusaron de ellas allí dentro? No. Y hay que contestarlo con todas las letras, porque el bulo acabó convirtiendo el centro en un «proveedor de niños» para la supuesta red.

Lo que consta es esto: la exdirectora del Baix Maestrat y alrededor de una docena de trabajadores fueron señalados por el bulo, y ninguno de ellos fue procesado jamás. No hay causa, ni imputación, ni condena, ni una sola resolución que respalde nada de aquello. Y las propias hijas de Colás, ya adultas, niegan haber sufrido abusos: ni de Farina ni en el centro. Su retractación es la base sobre la que se derrumbó el caso entero.

Fuentes: Newtral (que cita el auto de la Audiencia Provincial de Castellón de 2003) · Maldita.es.

La peluquería donde se rodaban las «pruebas»

Si el caso tiene un escenario propio, no es el bar: es el piso de encima de una peluquería.

Colás conoce a Antonio Toscano Marqués, que se presenta como criminólogo y psicólogo. No era ni una cosa ni otra: había sido expulsado de la ONG La Voz de la Infancia precisamente por no poder acreditar ningún estudio. Toscano es quien aporta el marco: no se trata de un vecino abusador, le dice a Colás, sino de una secta satánica.

Y juntos se ponen a fabricar las pruebas que la Justicia les pide.

En el piso superior de la peluquería graban decenas de vídeos. ¿A quién? A jóvenes de barrios marginales, a toxicómanos de la zona y a al menos una persona con discapacidad psíquica. ¿A cambio de qué? De dinero, o de la promesa de salir en televisión.

El método queda descrito en el auto judicial de 2021: se obligaba a los participantes a «aprenderse unos textos», grabados en la peluquería o en sus domicilios, «con la promesa de beneficios». Toscano dirigía las sesiones y, según los testimonios, se enfadaba cuando los entrevistados no seguían el guion.

Esos vídeos —preguntas dirigidas, capciosas, a personas vulnerables— son el corpus probatorio de todo el caso. Son también, leídos con calma, su desmentido más completo.

Fuentes: El Español · auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón (30-3-2021), recogido por El Confidencial.

De un vecino italiano a una secta satánica internacional

Un bulo que funciona nunca se queda quieto. Crece, porque cada vez que la realidad lo desmiente necesita una explicación más grande para seguir en pie.

El relato empezó siendo un hombre abusando de dos niñas. Cuando la Justicia lo archivó, la explicación no pudo ser que fuera falso: tuvo que ser que alguien lo estaba tapando. Y para tapar algo así hace falta poder.

Así, en sucesivas capas, el caso pasó a incluir:

• Un bar de carretera —el Bar España, en la N-340— convertido en cuartel general de la trama.
• Un centro de menores, el Baix Maestrat de Vinaròs, que supuestamente «suministraba» niños.
• Rituales satánicos con velas y estrellas de cinco puntas.
• Grabaciones de pornografía infantil que jamás aparecieron.
• Nueve asesinatos de menores.
• Y una lista final de unos 57 nombres: políticos, jueces, fiscales, empresarios, un médico, un fotógrafo, un capitán de la Guardia Civil, un alcalde… y hasta una exconcursante de MasterChef.

El propio dosier que los promotores repartieron durante años lo resume en su portada con una aritmética que pretende ser abrumadora: «16 menores violados + 9 supuestos asesinatos + 27 testigos + 57 políticos, empresarios, jueces y fiscales denunciados + 20 años de procesos judiciales = 0 responsables».

Leído al revés, ese mismo cartel dice la verdad del caso: veinte años de procesos y cero responsables porque no había nada que juzgar.

Fuente del recuento: dosier de los propios promotores del bulo (documento de parte, consultado por Clave 45). Contraste judicial: Newtral.

Alcàsser, Dutroux y el año en que España creyó cualquier cosa

Ninguna mentira arraiga en el vacío. Para entender por qué media España pudo llegar a creer esto, hay que recordar en qué año estamos.

1997. España acaba de vivir el juicio del crimen de Alcàsser, retransmitido con una voracidad televisiva que hoy resulta obscena. Y en Bélgica está estallando el caso Dutroux: un pederasta y asesino real, con niñas secuestradas en un sótano real, y una investigación policial tan desastrosa que 300.000 personas salieron a la calle en Bruselas en la «Marcha Blanca» de octubre de 1996.

Dutroux demostró dos cosas a la vez, y la segunda fue la peligrosa: que las redes de pederastia existen… y que el Estado puede fallar estrepitosamente. A partir de ahí, cualquier acusación por disparatada que fuera encontraba un público dispuesto a creerla.

El 29 de enero de 1997, Juan Ignacio Blanco y Fernando García anunciaban en Esta noche cruzamos el Mississippi la existencia de una supuesta red de pederastia de altas esferas vinculada a Alcàsser. El terreno estaba abonado.

El detalle que nadie espera

El propio Juan Ignacio Blanco —máximo exponente de la teoría conspirativa sobre Alcàsser— siempre rechazó la veracidad del caso Bar España y negó cualquier vínculo entre ambos. Cuando el mayor teórico de la conspiración te dice que tu conspiración no se sostiene, algo falla.

Fuentes: El Español (3-4-2021) · Newtral.

Veinte archivos, dos periciales y una conclusión rotunda

Esta es la rama que más molesta a quien sostiene el bulo, porque desmonta su premisa central: la de que «nadie investigó nada».

Se investigó. Muchísimo. Durante más de una década y en varios juzgados.

• 1997 — D.P. 522/97 (Instrucción nº 2 de Vinaròs). Archivadas tras pericial psicológica.
• 2000 — D.P. 703/00, esta vez a instancia del propio fiscal, Antonio Gastaldi.
• 2000-2002 — El fiscal recurre los archivos. Pide declaraciones, ratificación de peritos y ampliación de informes. Textualmente: que se instruya «de modo que se averigüen los indicios denunciados y se agoten las vías investigadoras».
• 4 de junio de 2002 — Auto de archivo definitivo.
• 2003 — La Audiencia Provincial de Castellón declara que las declaraciones de las niñas fueron «inducidas».
• 2004 — Nuevas diligencias en Vinaròs. Toscano llega a denunciar ante la Audiencia Nacional: archivo provisional.
• 2005 — Cerca de una veintena de denuncias en los tribunales. Y ocurre lo decisivo: todos los denunciantes se retractan ante el juez, salvo Colás.

Es importante entender el matiz, porque marca la diferencia entre «no se pudo probar» y «era mentira»: los tribunales no se limitaron a archivar por falta de pruebas. Fueron más lejos. Declararon que las acusaciones eran falsas y los testimonios inducidos, y condenaron a quienes los habían fabricado.

Fuentes: Newtral · Maldita.es · escritos del Ministerio Fiscal recogidos en el dosier de los promotores.

Cómo se fabrica el testimonio de una niña de cinco años

Aquí está el corazón del caso. Y también la parte más difícil de leer.

Las hijas de Reinaldo Colás, ya adultas, contaron en 2019 a El Español cómo se fabricaron sus testimonios. Su padre las obligaba a grabar casetes repitiendo frases que él les dictaba y a hacer dibujos incriminatorios. La frase que lo resume todo la dijo una de ellas:

«Si no lo hacíamos nos castigaba. Si lo hacíamos, nos regalaba cosas.»

No es una intuición periodística: es lo que declararon probado los tribunales. La sentencia por denuncia falsa establece que los menores fueron inducidos por sus propios familiares a relatar agresiones y torturas cometidas por personas a las que solo conocían por fotografías o recortes de prensa. Los propios menores explicaron que el contenido de sus declaraciones «era dictado» y que después les hacían firmar los manuscritos.

Hubo más. Una prima afirmó haber llevado a una menor a un centro médico para acreditar una violación; la doctora citada lo desmintió y negó haber atendido nunca a esa niña.

Y los médicos forenses que examinaron a los menores que decían haber sido violados no encontraron ningún indicio de abuso. Ninguno.

El auto de 2021 reprocha a los difusores algo muy concreto: haber ocultado «de forma deliberada la retractación de los entonces menores». Porque se retractaron. Contaron que les habían hecho mentir. Y quienes llevaban veinte años diciendo defenderlos decidieron no contarlo.

El método, paso a paso

Merece la pena desglosarlo, porque no fue improvisación: fue un procedimiento repetido durante años y descrito con detalle en las resoluciones judiciales.

1. El guion se escribía antes. Los menores no contaban lo que recordaban: recitaban un texto ajeno. Ellos mismos explicaron ante el juez que el contenido de sus declaraciones «era dictado» y que después les hacían firmar los manuscritos. El auto de 2021 lo dice sin rodeos: se les obligaba a «aprenderse unos textos».

2. Los personajes se aprendían con fotos. Este es el detalle que más delata el montaje. Los tribunales declararon probado que los menores describían agresiones de personas a las que solo conocían por fotografías o recortes de prensa. No reconocían a nadie: identificaban caras que les habían enseñado. Por eso los «violadores» eran justo los rostros que salían en el periódico local.

3. Premio y castigo. El sistema de refuerzo lo resumió una de las hijas en una sola frase: «si no lo hacíamos nos castigaba; si lo hacíamos, nos regalaba cosas». Con adultos vulnerables, la moneda era otra: dinero, o la promesa de salir en televisión.

4. La cámara, en casa. Nada de esto se grabó en dependencias oficiales. Las sesiones se rodaban en el piso de encima de la peluquería o en los domicilios de los participantes, sin ningún control, sin abogados y sin peritos.

5. Y si alguien se salía del guion, el entrevistador se enfadaba. Toscano dirigía las grabaciones y, según los testimonios recogidos, se irritaba cuando los entrevistados no seguían el libreto. Ahí se ve lo que era aquello en realidad: no una investigación buscando la verdad, sino un rodaje buscando una toma buena.

6. El montaje. Después venía la edición: se cortaba, se ordenaba y se difundía solo lo que encajaba. Las dudas, las contradicciones y las negativas se quedaban fuera.

Fuentes: El Español (entrevista con las hijas de Colás) · Newtral · auto del JI nº 5 de Castellón (2021) · Equipo de Investigación, laSexta (4-2-2022).

Toxicómanos y chavales a los que se compró el relato

El dosier que los promotores repartieron durante veinte años presumía de «27 testigos». Es la cifra que más impresiona de toda su aritmética, porque un niño inducido se entiende, pero veintisiete adultos parecen otra cosa.

Hay que preguntarse, entonces, quiénes eran.

De dónde salían

No eran vecinos que hubieran visto algo. No eran clientes del bar. La instrucción lo establece con crudeza: Colás recurrió a toxicómanos y a chavales en situación vulnerable —gente sin recursos, con problemas de adicción, en la periferia de todo— y los llevó al piso de encima de la peluquería a grabar.

El auto judicial de 2021 describe el método sin un solo eufemismo. Se les hacía «aprenderse unos textos». Se les grababa «con la promesa de beneficios». Y todo ello aprovechando «una evidente situación de vulnerabilidad».

Léase otra vez despacio, porque ahí está todo: aprenderse un texto, a cambio de beneficios, aprovechando que no estás en condiciones de negarte. Eso no es un testimonio. Es un guion, un pago y una persona a la que se puede comprar barato.

Qué decían delante de la cámara

Lo que tocaba: que habían estado en las fiestas del Bar España, que había orgías, que había rituales, que había niños. Y lo decían mirando a cámara, con nombres y detalles.

Por eso los vídeos funcionan tan bien todavía hoy. Todo lo que se ve en ellos es real menos lo que se dice: la gente es real, su deterioro es real, la habitación es real, el miedo que transmiten es real. Lo único falso es el contenido. Y un espectador no tiene forma de distinguir una cosa de la otra.

Qué pasó cuando hubo que repetirlo ante un juez

Aquí se acabó todo. Una cosa es recitar un texto en el piso de un amigo con la promesa de algo a cambio, y otra muy distinta sostenerlo bajo juramento, con un juez preguntando fechas, lugares y detalles que no estaban en el guion.

Los relatos no aguantaron. Se contradecían entre sí y consigo mismos. Y uno de los testigos utilizados por Colás terminó declarando —y reiterando— que aquello no era cierto. Ninguno de los veintisiete sostuvo su versión donde tenía consecuencias sostenerla.

Por qué importa esta rama

Porque desmonta el último argumento que le queda al bulo. Cuando se explica que las niñas fueron inducidas, la respuesta de quien lo defiende siempre es la misma: «vale, ¿pero y los veintisiete testigos?».

Pues los veintisiete testigos son esto: la misma peluquería, el mismo guion y la misma promesa de beneficios. No son veintisiete confirmaciones independientes de un hecho. Son veintisiete grabaciones de una sola persona diciéndole a otras qué tenían que decir.

Fuentes: auto de procedimiento abreviado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón (30-3-2021) · David López Frías, El Español (7-7-2019) · eldiario.es, «El descabellado bulo de la pederastia en el bar España llega a juicio» · Maldita.es (11-7-2019).

Huesos que no eran humanos y muertos que nunca existieron

Un caso con nueve asesinatos debería dejar rastro. Este no dejó ninguno.

Los huesos. Es el episodio más citado por los defensores del bulo, y hay que contarlo entero. Sí se encontraron restos óseos enterrados en el patio trasero del local. Y sí se analizaron: se enviaron al Instituto Nacional de Toxicología. El resultado fue que, por su mal estado de conservación, ni siquiera podía asegurarse que fueran humanos, y todo apunta a que eran restos de animal —lo más corriente en el patio trasero de un bar de carretera con cocina—. El Español tituló su reportaje sobre esto sin rodeos: «había huesos, pero no humanos».

Hay que quedarse con el matiz exacto, porque se pierde en las dos direcciones. El informe no dijo «son de vaca»: dijo que no podía afirmarse que fueran humanos. Y esa indeterminación es justo lo que el bulo explotó durante veinte años, presentando unos restos que nadie pudo identificar como si fueran los nueve niños asesinados. Lo que no hay, en ningún caso, es un solo resto humano: no se localizaron más ni en el local ni en sus alrededores.

Los cuerpos. Los nueve menores supuestamente asesinados no existen. No hay una sola denuncia de desaparición que encaje. Nadie los reclamó. Nadie los echó de menos. Para creer el relato hay que aceptar que nueve niños desaparecieron sin que una sola madre fuera a la policía.

Los vídeos de la red. Aquellas grabaciones de pornografía infantil que supuestamente se rodaban en el bar nunca aparecieron. Los únicos vídeos del caso son los que grabaron Colás y Toscano en su propia peluquería.

Los dos «crímenes» estrella

Dos historias concretas circularon más que ninguna otra, y hay que desmontarlas una por una: son el modelo de cómo funcionaba la maquinaria.

La enfermera «asesinada». En la lista de víctimas figuraba Alicia Martínez, presentada como una mujer eliminada por saber demasiado: el testigo incómodo al que la trama hace callar. La realidad es que murió en un accidente de tráfico. El informe forense y la investigación policial coinciden. No hubo crimen: hubo una carretera y un siniestro, convertidos a posteriori en asesinato porque la muerte casaba bien con el relato.

El niño gitano «sacrificado». Es la acusación más grave del caso entero: que Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, había matado a tiros a un niño de etnia gitana durante un ritual. Se difundió durante años como si fuera un hecho establecido.

Y se cae con una sola pregunta: ¿quién era ese niño? No hay nombre. No hay denuncia de desaparición. No hay familia reclamándolo. No hay atestado, ni cuerpo, ni expediente. Nada. Para sostener la historia hay que aceptar que una comunidad entera perdió a un crío y ninguno de los suyos fue jamás a la policía.

El patrón

El mecanismo importa, porque se repite en las nueve «muertes»: se toma un hecho real y comprobable —una mujer que efectivamente murió— y se le cambia la causa; o se inventa una víctima sin identidad —un niño sin nombre— precisamente porque lo que no tiene nombre no se puede comprobar. En ambos casos el resultado es el mismo: una acusación de asesinato que no se puede refutar del todo… porque nunca hubo nada que refutar.

Hasta la agencia de detectives Método 3, consultada sobre el asunto, concluyó que no había «ninguna prueba de la existencia real del caso».

Fuentes: El Español, «Había huesos, pero no humanos» (8-7-2019) · Newtral.

Condenados por denuncia falsa (y el padre, a la cárcel)

En 2002 ocurre algo que el relato del bulo nunca menciona: los tribunales empiezan a condenar. Pero no a los denunciados, sino a los denunciantes.

• 2002 — Condena por denuncia falsa a tres familiares que habían denunciado en nombre de tres menores.
• 2006 — Sentencia nº 161/2006, por denuncia y acusación falsa. Es la resolución que años después servirá de base a la jueza en el pleito civil: de ella se acredita, dirá el juzgado, «de manera contundente» la falsedad de las acusaciones.
• 2008 — La Audiencia Provincial desestima los recursos de los condenados. Firme.

Y el propio Reinaldo Colás fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vinaròs como autor de un delito de acusación y denuncia falsa, además de calumnias y difamaciones: quince meses de prisión, de los que cumplió unos cuatro. Se le impuso también una orden de alejamiento de sus propias hijas hasta su mayoría de edad.

Léase despacio: el hombre que decía estar salvando a sus hijas de una red de pederastia acabó con una orden judicial que le prohibía acercarse a ellas. Y fue a la cárcel por haberlas utilizado.

Fuentes: Maldita.es · sentencia 54/18 del JPI nº 4 de Castellón, que cita la 161/2006 · Newtral.

Fabra, Camps, Oltra, Bravo, una jueza y cincuenta nombres más

Esta es la factura del bulo. Y la pagaron personas concretas.

Giuseppe Farina. El empresario italiano, pareja de la exmujer de Colás, fue el acusado original y el que más años arrastró el señalamiento. Todas las causas contra él fueron archivadas. Nunca llegó a ser procesado.

La magistrada. Su único «delito» fue archivar en 1997 una denuncia que consideró inverosímil. Por eso la incorporaron al relato. Llegaron a acusarla de encubridora y, en versiones posteriores, de participar ella misma en violaciones y asesinatos de menores. Difundieron una fotografía suya obtenida en un acto académico de sus hijos. El 2 de junio de 2017 organizaron una concentración ante su juzgado con fotos de niños y la palabra «pedófila».

Carlos Fabra. Expresidente de la Diputación de Castellón. Se le atribuyó participar en rituales satánicos y haber matado a tiros a un niño gitano. Es falso: no consta ninguna desaparición ni denuncia. Declaró como perjudicado el 9 de mayo de 2019 y se personó como acusación particular.

Francisco Camps. Expresident de la Generalitat, añadido tardíamente al relato. Llegó a decirse que participaba en los rituales disfrazado de Spiderman. Nunca fue imputado por esto; declaró como perjudicado y se personó como acusación.

Mónica Oltra y Gabriela Bravo. Acusadas de encubrimiento. Lo cierto es lo contrario: Oltra, siendo consellera, recibió la documentación de Colás y Toscano en 2016 y la derivó a la Fiscalía. Ambas declararon como perjudicadas.

Un capitán de la Guardia Civil de Vinaròs, señalado como encubridor: nunca imputado.

El centro de menores Baix Maestrat, su exdirectora y una docena de trabajadores, acusados de «suministrar» niños: ninguno fue procesado. No consta causa alguna.

Bernard Alapetite, pederasta francés real, fue incrustado en el relato para darle verosimilitud. Según El Español, jamás estuvo en el Bar España.

Fuentes: El Español · La Vanguardia (13-5-2019) · elDiario.es.

La magistrada a la que persiguieron veinte años por archivar

De todas las víctimas del bulo, ninguna resume mejor su lógica perversa que ella. Porque su «delito» fue, literalmente, hacer bien su trabajo.

En abril de 1997, la magistrada Sofía Díaz García, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaròs, recibió la denuncia de Reinaldo Colás. Hizo lo que marca la ley: abrir diligencias, ordenar que exploraran a las niñas y encargar una pericial psicológica. El informe concluyó que las menores nunca habían visto a un hombre desnudo y que era su padre quien las inducía a recordar cosas que no habían pasado.

Con ese informe encima de la mesa, archivó. Y no podía hacer otra cosa: prolongar la instrucción habría significado seguir sometiendo a dos niñas de cinco y tres años a exploraciones sobre unos hechos que la ciencia forense decía que no existían.

Ese archivo la convirtió en objetivo durante los siguientes veinte años.

La lógica del bulo no admite otra salida. Si el caso es real y una jueza lo archiva, solo caben dos explicaciones: o se equivocó, o está dentro. Y como admitir el error propio destruiría todo el edificio, la única opción es la segunda. Así, la magistrada pasó de ser una funcionaria que aplicó un informe pericial a encubridora, y de encubridora a partícipe. En las versiones más tardías del relato ya no solo tapaba los crímenes: los cometía.

Lo que le hicieron

• La acusaron públicamente de «matar niños», de ser «genocida de niños» y de participar en violaciones y asesinatos de menores.
• Difundieron una fotografía suya obtenida en un acto académico de sus hijos. Es decir: usaron una imagen tomada en la vida privada de sus propios niños para señalarla como pedófila.
• El 2 de junio de 2017 montaron una concentración ante la puerta de su juzgado, con fotos de niños y la palabra «pedófila».
• Uno de los difusores le dedicó monólogos enteros en su canal de YouTube, enlazándola con supuestas tramas de corrupción.
• Para entonces era ya jueza decana de Castellón. El acoso no venía de un anónimo aislado: venía de un movimiento organizado con dosieres, medios digitales y campañas.

Y lo que hizo ella

Aguantó dos décadas y después fue a los tribunales como ciudadana: demandó por vulneración de su derecho al honor. Ganó. La sentencia 54/18 declaró falsas las acusaciones, dejó escrito que «no se ha acreditado que la actora haya ocultado ni archivado denuncia alguna», y condenó a los dos demandados a 24.000 euros cada uno, a retirar los contenidos y a publicar la sentencia en sus redes.

Por qué este caso importa más de lo que parece

Lo que le pasó a esta magistrada es una advertencia sobre cómo funcionan estos movimientos: castigan al que dice que no. Y el mensaje que lanzan a cualquier otro juez, fiscal o perito que tenga delante un caso parecido es justo el contrario del que le interesa a la justicia: si archivas, te van a llamar pedófila durante veinte años. Ese es el precio real de los bulos: no solo destrozan al difamado, sino que encarecen decir la verdad.

Fuentes: sentencia 54/18 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón (20-3-2018) · elDiario.es · El Español.
Nota: no publicamos fotografía suya. El bulo ya difundió una obtenida sin su permiso; repetirlo sería continuar el daño.

Qué era de verdad el Bar España (y qué es hoy)

¿Y qué era el Bar España en realidad?

Un bar de carretera. Estaba en la N-340 a su paso por Benicarló, junto a una gasolinera Repsol, abierto veinticuatro horas y con habitaciones en la planta de arriba.

El Español lo describió sin eufemismos: «una especie de prostíbulo de mala muerte donde se trapicheaba con cocaína».

Y ahí está la grieta por la que se coló todo. Porque el bar no era un lugar respetable. Era sórdido de verdad: prostitución, drogas, gente de paso a cualquier hora. Cuando alguien señala un sitio así y dice «ahí dentro pasan cosas horribles», el vecindario no lo desmiente del todo, porque en cierto modo era cierto —solo que las cosas horribles eran las de siempre, no rituales satánicos con niños—.

Ese es el mecanismo: el bulo se agarra a un fondo de verdad incómoda y construye encima un edificio imposible. Un puticlub de carretera es un problema social. No es una red internacional de pederastia satánica protegida por el presidente de la Diputación.

¿Y hoy? El local sigue abierto. Pasó a llamarse Restaurante Mediterráneo y sus responsables repintaron la fachada —de verde a azul— para desmarcarse de los rumores. Cuando El Español fue allí en 2019, el propietario se negó a identificarse y su hija estaba, literalmente, harta de llamar a Google para que le cambiaran el nombre al establecimiento.

Los dueños del bar de los años noventa nunca fueron identificados por la prensa fiable ni procesados por nada de esto.

Fuentes: El Español · Motorpasión (13-9-2018).

El bulo resucita en YouTube cuando ya estaba muerto

Hacia 2008 el caso estaba judicialmente muerto: archivado, con sus promotores condenados por denuncia falsa y con los denunciantes retractados.

Y entonces llegó internet.

El bulo tuvo una segunda vida, y fue mucho más larga y más dañina que la primera. Porque en los juzgados hay plazos, pruebas y consecuencias; en YouTube no hay ninguna de las tres cosas.

La nueva generación de difusores no necesitaba pruebas: tenía los vídeos caseros de la peluquería, grabados quince años antes, que reeditaban y republicaban como si fueran documentos. Un montaje de casi tres horas circuló durante años, editado a posteriori por quienes propagaban el caso.

El resultado fue perverso: material fabricado en 1998 para engañar a un juez servía, en 2016, para convencer a decenas de miles de personas en una plataforma donde nadie pregunta de dónde sale un vídeo.

Y el relato mutó otra vez para adaptarse a los tiempos. Ya no bastaba una secta local: ahora se conectaba con Alcàsser, con Dutroux, con las élites globales, con la trama de siempre. El caso Bar España se convirtió en un módulo intercambiable de la conspiración universal, listo para encajar en cualquier discurso.

Fuentes: elDiario.es · El Español.

Tribuna de España, Aquí Actualidad y los «abogados»

La segunda ola tuvo estructura. No fue solo gente suelta en YouTube: hubo medios digitales, un colectivo con apariencia jurídica y dictámenes con membrete.

«Abogados contra la Corrupción». Bajo ese paraguas, Javier Fernández Torres —contratado por Reinaldo Colás— elaboró dictámenes que afirmaban que la trama había causado la muerte de dos menores y abusos a ochenta. Según el auto judicial, usaba el colectivo «como pantalla».

Aquí Actualidad. El 14 de noviembre de 2016 publicó «Una red de pedofilia implica a políticos muy conocidos», asegurando que «casi un centenar de niños fueron violados» de forma continuada durante más de una década. Lo firmaba Virginia Mota San Máximo, con información suministrada por Fernández Torres. Su editor, Santiago Cordido García, figura en la causa como responsable civil.

La Tribuna de España. Dirigida por José Eduardo «Josele» Sánchez Juan, difundió el bulo «añadiendo elementos de ficción propios», según elDiario.es. No era su primera vez: Crónica Global lo describió como «el rey de las falsas noticias», y llegó a inventarse declaraciones de la política chilena Camila Vallejo que provocaron un incidente internacional.

«Un Técnico Preocupado». El blog de Ramón Valero Martín-Consuegra, técnico eléctrico valenciano, se convirtió en uno de los altavoces más constantes del caso. Su alcance real es modesto —su pódcast ronda el millar de seguidores—, pero su perseverancia fue notable: sigue publicando a día de hoy.

El auto judicial resume el patrón con una frase que vale para todos ellos: «Ninguno de los anteriores ha realizado labor alguna de contrastación y verificación de sus fuentes.»

Fuentes: elDiario.es (4-2-2022) · El Confidencial (30-3-2021).

Medios, canales, foros… y quién lo sostiene hoy

Una pregunta justa: ¿quién dio altavoz a esto? Con nombres.

Los medios digitales

• La Tribuna de España (antes La Tribuna de Cartagena), dirigida por José Eduardo «Josele» Sánchez Juan. Según el auto judicial, difundió el bulo «añadiendo elementos de ficción propios». Crónica Global llegó a llamarle «el rey de las falsas noticias». El medio ya no existe y Sánchez falleció en 2024.
• Aquí Actualidad, donde Virginia Mota San Máximo firmó en noviembre de 2016 el artículo «Una red de pedofilia implica a políticos muy conocidos», que hablaba de «casi un centenar de niños» violados. Su editor, Santiago Cordido García, figura en la causa como responsable civil.

Los canales y blogs

• «CSI Juan», el canal de YouTube de Juan Lankamp Riaza, con monólogos dedicados a la magistrada. Cerrado en 2020. Completó la jugada con pódcast en iVoox enlazando el caso con Alcàsser.
• «Un Técnico Preocupado», el blog de Ramón Valero Martín-Consuegra, técnico eléctrico valenciano, con pódcast asociado («Buscadores de la verdad»).
• «No morir idiota», el blog de María Pilar Baselga Calvo, más su canal de YouTube (cerrado en 2020) y Telegram.
• El canal de Carlos García Viejo, autodefinido «apasionado del misterio», muy activo en redes.
• Televisiones digitales de nicho del circuito conspirativo, que entrevistaban a los promotores en formato reportaje.

Los avales con aspecto respetable

• «Abogados contra la Corrupción», el colectivo bajo cuyo paraguas Javier Fernández Torres elaboró dictámenes que hablaban de dos menores muertos y ochenta abusados. El auto dice que usaba el colectivo «como pantalla».
• El documentalista Valentí Figueres, premiado internacionalmente, que rodó una película sobre el caso —nunca estrenada— y le aportó el prestigio del cine de autor. Falleció en 2025.
• Foros de internet como burbuja.info, donde el caso lleva años con hilos abiertos y donde aún hoy se coordinan mensajes.

Y quién NO

Hay que decirlo claro: ningún medio de referencia español compró jamás esta historia. Ni un periódico nacional, ni una televisión generalista la publicaron como cierta. Cuando los grandes entraron —El Español en 2019, laSexta en 2022— fue para desmontarla.

¿Había miedo, o es que el caso se caía solo?

Las dos cosas, y por ese orden.

Primero, el caso no se sostenía. Cualquier redactor que hiciera dos llamadas se encontraba lo mismo: todas las causas archivadas, periciales que hablaban de inducción, denunciantes condenados por denuncia falsa y ni un solo cuerpo. No hacía falta ningún pacto de silencio: es que no había noticia que publicar. Un periodista serio no titula «un señor dice que hay nueve niños muertos» cuando no consta ni una desaparición.

Segundo, sí había un precio por tocarlo. Y esto es lo incómodo. A quien desmentía el bulo se le acusaba en el acto de encubrir a pedófilos, y esa acusación —por absurda que sea— mancha, se propaga y no se limpia. A eso se suma el riesgo jurídico de escribir sobre un asunto donde se acusa de asesinato a políticos, jueces y particulares, aunque sea para negarlo.

El resultado fue una zona muerta de casi veinte años: los medios serios no lo publicaban porque era falso, pero tampoco lo desmentían porque no compensaba meterse. Y en ese silencio, el bulo creció a sus anchas, sin nadie enfrente.

¿Y quién lo sostiene hoy?

Menos gente, pero no nadie. El núcleo original se ha ido apagando por la vía menos honrosa: la muerte de sus promotores —Colás, Toscano, Sánchez, Figueres— y el cierre de los canales de YouTube en 2020.

Lo que queda activo a día de hoy es, sobre todo, el blog de Ramón Valero, que sigue publicando y mantiene abierta una campaña de recaudación para su defensa; Pilar Baselga, que continúa en activo en la esfera conspirativa —en mayo de 2026 fue absuelta en un caso distinto, el del bulo sobre la mujer del presidente del Gobierno, aunque la sentencia no es firme: la denunciante la ha recurrido—; y los foros, donde el relato se recicla cada vez que el caso vuelve a la actualidad.

Y hay una mutación final que hay que señalar: quienes sostienen hoy el bulo ya no discuten tanto sobre el bar. Discuten sobre sí mismos. El relato se ha desplazado de «hubo una red de pederastia» a «nos persiguen por haberlo contado». Los acusados se presentan como perseguidos políticos, y el macrojuicio pendiente les sirve de prueba: si te sientan en el banquillo, es que molestabas. El bulo ya no necesita el caso original para sobrevivir; se alimenta de su propio proceso judicial.

La lección

Ignorar un bulo no lo mata. Durante dos décadas la estrategia implícita fue no darle oxígeno… y lo que ocurrió es que el bulo se quedó con el relato entero, porque era el único que hablaba. Hizo falta que alguien se sentara a documentarlo, con nombres y sentencias, para que se cayera. Desmentir cuesta mucho más que mentir; pero no desmentir cuesta veinte años.

Las dos «cloacas»: la que habló y la que sigue en pie

Merecen apartado propio, porque son las que mejor explican por qué esto no se ha acabado. Y no hay que confundirlas: son dos marcas distintas, con nombres casi iguales.

«Las cloacas del Estado» era una cuenta anónima de Twitter, y fue probablemente el mayor amplificador del caso: su hilo sobre el Bar España lo vieron más de millón y medio de personas. En febrero de 2022, Equipo de Investigación localizó a quien había detrás y le puso una cámara delante. Lo que respondió es la mejor síntesis de todo este reportaje:

«—¿Qué se puede hacer para que usted deje de difundir este bulo?
—Nada, porque yo sé que es verdad.»

Sin aportar una sola prueba. Añadió que seguiría difundiéndolo aunque acabara en prisión, porque entrar en la cárcel sería incluso «bueno a la hora de difundir» más el contenido. Y sobre las personas difamadas, que el propio programa había entrevistado, zanjó: «Igual que vosotros habéis hablado con las víctimas… aun así yo a ellos no me los creo».

Ahí está, en tres frases, todo el mecanismo que describimos en la rama «¿POR QUÉ?»: el desmentido no debilita la creencia, la confirma; y el castigo no disuade, promociona. Tras la emisión del programa, cerró varios de sus canales.

«Las Cloacas del Sistema» es otra cosa: un sitio web dedicado de forma casi monográfica al caso. Su cuenta en X lo dice todo con solo leerla —@lcdsalcasser—: lleva Alcàsser en el propio nombre de usuario. La fusión del bulo de Benicarló con el crimen real de 1992 no fue una deriva posterior: estaba en su ADN desde el principio, porque es justo lo que le da combustible. Un crimen verdadero y espantoso prestándole verosimilitud a uno inventado.

Y aquí está el dato incómodo. Comprobado en julio de 2026: ese sitio sigue accesible —responde por HTTP, aunque su certificado de seguridad ya no funcione—, y el Internet Archive conserva capturas suyas entre marzo de 2022 y febrero de 2025. No es una reliquia: es una web que ha sobrevivido al auto de apertura de juicio oral, a la muerte de cuatro de los promotores y al desmontaje periodístico completo del caso. Es además la marca que firma el vídeo de TikTok que reproducimos censurado más arriba, el que sigue señalando hoy a dos vecinos como asesinos de niños. No es historia: está publicándose ahora.

Sobre quién hay detrás de cada una no vamos a especular. Circula que eran una sola persona que vivía de esto, pero no hemos podido verificarlo en ninguna fuente solvente, y aquí no damos por bueno lo que no se puede comprobar.

Fuentes: elDiario.es (4-2-2022) · El Confidencial · Newtral.
Recordatorio: las personas citadas están acusadas, no condenadas, salvo donde se indica expresamente. El juicio no se ha celebrado.

Sentencia 54/18: 24.000 euros a cada uno

La magistrada aguantó veinte años de acoso. En 2018 hizo lo que podía hacer: ir a los tribunales.

Sentencia 54/18, de 20 de marzo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Castellón. Jurisdicción civil, protección del derecho al honor. Demandados: María Pilar Baselga Calvo y Juan Lankamp Riaza.

El fallo no deja espacio a la interpretación:

«Los demandados han vulnerado ilícitamente el derecho al honor y a la propia imagen de la demandante.»

«La falsedad de las acusaciones vertidas contra la hoy demandante se acredita, en principio y de manera contundente, del contenido de la Sentencia nº 161/2006.»

«No se ha acreditado que la actora haya ocultado ni archivado denuncia alguna.»

Condena: 24.000 euros cada uno —48.000 en total— más costas, cese de la difusión, retirada de los contenidos y obligación de publicar la sentencia en todas sus redes sociales.

Lankamp fue condenado en rebeldía: ni contestó a la demanda ni compareció.

Es, hasta hoy, la única resolución que ha puesto precio al daño causado a una de las víctimas del bulo.

Fuentes: sentencia 54/18 del JPI nº 4 de Castellón (reproducida por La Hemeroteca del Buitre) · existencia confirmada por elDiario.es (30-11-2022).

El Español encuentra a las hijas… y todo se derrumba

En julio de 2019, El Español publicó el reportaje que cambió el caso. No porque aportara una prueba nueva, sino porque hizo lo que nadie había hecho en veinte años: ir a buscar a las supuestas víctimas y preguntarles.

Las hijas de Reinaldo Colás, ya adultas, contaron que nunca sufrieron ningún abuso y que su padre las obligó a mentir con castigos y regalos. Toda la pirámide se sostenía sobre su testimonio infantil. Y ese testimonio, dijeron ellas mismas, era falso.

La serie de reportajes desmontó el resto pieza a pieza: los huesos que no eran humanos, el niño gitano que nunca existió, el pederasta francés que jamás pisó el bar. Poco después, Newtral y Maldita.es hicieron sus propias verificaciones y llegaron al mismo sitio.

En febrero de 2022, Equipo de Investigación (laSexta) emitió «Bar España: historia de un bulo», donde varios de los protagonistas de aquellos vídeos caseros reconocieron ante la cámara que habían mentido.

Por qué costó tanto contarlo

Durante años, hablar del caso fue incómodo para cualquier periodista. Quien lo desmentía era acusado inmediatamente de encubrir a pederastas —y esa acusación, aunque sea absurda, mancha—. Ese es el chantaje moral que sostiene los bulos sobre abusos a menores: quien los cuestiona parece estar del lado equivocado. Hizo falta que un periódico grande se echara encima el caso, con nombres y apellidos, para romper el silencio.

Fuentes: El Español (7-7-2019) · Newtral · Maldita.es · laSexta (4-2-2022).

Lankamp: las cintas snuff, Alcàsser y una condena por acusar al Rey

Si el caso tuvo un personaje que lo llevó todo al extremo, fue Juan Lankamp Riaza. Y su trayectoria merece capítulo propio, porque explica cómo un bulo local acaba salpicando al Jefe del Estado.

Lankamp se presentó como «periodista investigador» y difundió el caso desde su canal de YouTube, «CSI Juan», y desde varios pódcast en iVoox. Dedicó monólogos enteros a la magistrada que archivó la denuncia, acusándola de «matar niños» y de participar en rituales.

Su gran aportación: coserlo todo con Alcàsser

Aquí está su marca de la casa. Lankamp no se limitó a repetir el bulo del Bar España: lo fusionó con el crimen de Alcàsser, en una serie que tituló «Alcàsser Apócrifo».

La operación narrativa es sencilla y muy eficaz: si un bar de carretera de Castellón era el cuartel de una red de pederastas poderosos, y a 100 kilómetros habían aparecido asesinadas tres adolescentes en un caso lleno de zonas oscuras… tienen que ser lo mismo. No hace falta ninguna prueba que los una: basta la cercanía geográfica y la sensación compartida de que «aquí hay algo tapado».

Es el mecanismo básico de toda gran conspiración: fundir casos distintos en un único relato. Cada uno aporta al otro lo que le falta. Alcàsser le daba al Bar España víctimas reales, muertas de verdad y conocidas por todo el país. Y el Bar España le daba a Alcàsser lo que la conspiración siempre busca: nombres de poderosos.

Las cintas snuff: el bulo que lo conecta todo

Y en el centro de esa costura hay una pieza concreta: las cintas snuff.

En qué consiste el mito. Una película snuff sería una grabación real de una tortura y un asesinato, rodada expresamente para venderla a clientes muy ricos que pagan fortunas por verla. Es una leyenda urbana de los años setenta que reaparece en casi todos los pánicos morales modernos. En la versión española, se sostuvo que existían vídeos del asesinato de las niñas de Alcàsser, rodados por encargo.

Por qué aparece también en el Bar España. Porque encaja como un guante: desde el primer momento el relato del bar habla de «grabaciones de pornografía infantil» rodadas en el local. Una vez tienes cámaras, poderosos y niños en la misma historia, el salto a las cintas snuff es automático. Y con él llega el móvil económico que le faltaba al relato: ya no son unos degenerados de pueblo, es una industria.

Por qué nunca aparecieron. Por la razón más simple: no existían. Ni en Alcàsser ni en Benicarló se ha incautado jamás una sola de esas cintas, pese a registros, comisiones rogatorias y décadas de investigación. Y hay que saber que, a nivel internacional, ni el FBI ni ninguna policía occidental ha logrado nunca acreditar la existencia del mercado comercial de películas snuff: es un mito, no un género.

Del bar de carretera al Rey de España

El 25 de abril de 2019, la biblioteca municipal de Monforte del Cid (Alicante) acogió una conferencia titulada, precisamente, «Alcàsser Apócrifo». La grababa una televisión local.

Allí se afirmó que el rey Juan Carlos I había participado en la violación y el asesinato de una de las niñas de Alcàsser, y que «hacía orgías con menores».

Lo que ocurrió después demuestra que a veces el sistema reacciona rápido: la concejala de Cultura estaba entre el público. Escuchó aquello, llamó a la alcaldesa, y esta denunció ante la Guardia Civil.

La Audiencia Nacional condenó al autor por un delito contra la Corona a una multa de 720 euros, y el Tribunal Supremo confirmó la condena el 26 de octubre de 2023.

Su defensa alegó dos cosas, y las dos fueron rechazadas. La primera, que padecía síndrome de Asperger; los jueces lo valoraron expresamente y concluyeron que tenía intactas sus capacidades cognitivas. La segunda, que Juan Carlos I ya no estaba amparado por la ley tras abdicar y marcharse del país; el Supremo respondió que su condición de Rey emérito nada tiene que ver con su lugar de residencia.

El tribunal calificó aquellas afirmaciones —que el emérito «hacía orgías con menores» y que todo se hizo «con la complicidad de la Casa Real»— como «manifestaciones demostrablemente falsas, faltas de veracidad, ajenas a cualquier debate político».

Es la trayectoria entera del fenómeno en una sola persona: de una denuncia por celos en Benicarló al Jefe del Estado, sin escala.

Dónde está hoy

En el macrocaso del Bar España, Lankamp figura en rebeldía procesal: en paradero desconocido desde 2021, por lo que no ha podido ser enjuiciado. Sí acumula una condena civil firme en su contra —la sentencia 54/18, dictada en rebeldía porque ni contestó a la demanda ni compareció— que le obligó a pagar 24.000 euros a la magistrada.

Fuentes: elDiario.es (Supremo) · El Confidencial Digital · elDiario.es (rebeldía) · sentencia 54/18 del JPI nº 4 de Castellón.

Nueve acusados, 2,4 millones… y ninguna condena

El 30 de marzo de 2021, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón dictó auto de procedimiento abreviado. La instrucción había arrancado con más de una veintena de investigados, y el auto los cribó: encausó a ocho, decretó doce sobreseimientos provisionales —porque «no resulta debidamente justificada la perpetración de ninguno de los delitos»—, dejó a dos en paradero desconocido con el sobreseimiento en suspenso «hasta que los mismos sean hallados», y constató dos acciones penales ya extinguidas por fallecimiento: las de Colás y Toscano, muertos en 2017 y 2018.

El 26 de enero de 2022 llegó el auto de apertura de juicio oral contra nueve personas, con una responsabilidad civil solidaria de 2,4 millones de euros. Los delitos: contra la integridad moral, calumnias e injurias con publicidad contra autoridad, funcionario y particular, y denuncia falsa.

El auto no se anda con rodeos. Dice que difundieron durante veinte años informaciones «todas ellas rotundamente falsas», sin «labor alguna de contraste y verificación», y «ocultando de forma deliberada la retractación de los entonces menores».

Los nueve: María Pilar Teresa Baselga Calvo, Javier Fernández Torres, José Eduardo Sánchez Juan, Virginia Mota San Máximo, Carlos García Viejo, Valentí Figueres, Ramón Valero Martín-Consuegra, y —en situación de rebeldía procesal, en paradero desconocido— Juan Lankamp Riaza y Joaquín Crespo Marqués. Santiago Cordido García figura como responsable civil.

La Fiscalía pide para Baselga siete años y medio de prisión y 45.900 euros de multa.

Entonces… ¿han sido juzgados o no?

No. A día de hoy no se ha celebrado el juicio. La causa lleva desde enero de 2022 «pendiente de señalamiento», que en lenguaje llano significa que el juzgado aún no ha puesto fecha. Han pasado cuatro años y medio desde que se abrió juicio oral, y treinta desde los hechos originales.

¿Por qué tarda tanto?

No hay una sola causa, sino un cúmulo de ellas, y ninguna es una conspiración:

• El tamaño del sumario. La instrucción arrancó con una veintena de investigados, sobre hechos difundidos durante veinte años en decenas de artículos, vídeos y pódcast. Cada publicación hay que identificarla, fecharla y atribuirla.
• Dos acusados en rebeldía. Con dos personas en paradero desconocido, el tribunal debe decidir si los espera, los separa de la causa o los juzga aparte. Eso ralentiza a todos los demás.
• Los fallecimientos. Cada muerte extingue la responsabilidad penal de esa persona y obliga a reordenar el procedimiento. Ya han muerto varios acusados durante la espera.
• La carga de trabajo ordinaria. Un juzgado de lo penal de provincias tiene la agenda llena de causas con presos y con plazos más urgentes; un macrocaso de calumnias, por gordo que sea, no tiene preferencia.

¿Acabarán en la cárcel?

Con toda probabilidad, no. Y hay que explicarlo bien para no crear expectativas falsas.

La Fiscalía pide siete años y medio para una de las acusadas, y hay quien habla de peticiones aún mayores. Pero entre lo que se pide y lo que se impone suele haber un abismo, y aquí juegan varios factores:

• Los delitos. Calumnias, injurias y delitos contra la integridad moral tienen penas que, individualmente, son bajas. Las cifras grandes salen de sumar muchos delitos; los tribunales tienden a aplicar la continuidad delictiva y a moderar el resultado.
• La suspensión de condena. En España, una pena de hasta dos años impuesta a alguien sin antecedentes se suspende de forma casi automática: no se entra en prisión. Para pisar la cárcel haría falta una condena firme superior a esa cifra.
• El paso del tiempo. La dilación indebida del procedimiento es una atenuante. Es decir: cuanto más tarda el juicio, más razones habrá para rebajar la pena. Y algunos hechos, los más antiguos, pueden haber prescrito.
• El precedente más cercano. El único difusor con condena penal en este caso, Reinaldo Colás, cumplió unos cuatro meses de los quince meses a los que fue condenado.

Fuentes: elDiario.es (26-1-2022) · El Mundo (4-2-2022) · Confilegal (30-3-2021).

El bulo entra en el Parlamento Europeo

En 2021, cuando el caso llevaba dos décadas desmontado y sus promotores estaban ya camino del banquillo, el bulo hizo su viaje más improbable: llegó al Parlamento Europeo.

Ramón Valero, «Un Técnico Preocupado», presentó a través de un abogado dos peticiones —registradas como 426/2021 y 468/2021— pidiendo a la Eurocámara que se ocupara del asunto.

Y la Comisión de Peticiones, presidida entonces por la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, recomendó declararlas admisibles.

Hay que ser justos con el detalle: admitir a trámite una petición no significa darle la razón. La Comisión de Peticiones admite miles de escritos ciudadanos al año y el filtro de entrada es deliberadamente laxo. Pero el efecto propagandístico fue inmediato y perfectamente previsible: durante meses, los difusores pudieron decir —y dijeron— que «Europa investiga el caso Bar España».

Es la lección más incómoda de esta rama: un bulo judicialmente muerto puede seguir generando titulares sencillamente porque las instituciones tienen ventanillas por las que cualquiera puede entrar. El sello, aunque sea de registro, se convierte en munición.

Fuente: elDiario.es (6-9-2022).

5.101 euros de 30.000: nadie se hizo rico

Casi todo el mundo asume que detrás de un bulo así hay un negocio. Es la explicación cómoda: lo hicieron por dinero.

Los números dicen otra cosa, y merece la pena contarlo porque es más inquietante.

La única recaudación documentada con cifras es la campaña de Ramón Valero para pagarse la defensa: 5.101 euros de los 30.000 solicitados, en 111 donaciones. Su iniciativa paralela en otra plataforma reunió once participantes y cero euros. Él mismo escribe en su blog que lleva «cuatro abogados, unos cuantos procuradores y decenas de miles de euros invertidos» en su defensa, y vende libros autopublicados para costearla.

Para dimensionarlo: un análisis de Newtral sobre financiación de canales de desinformación en España cifraba a otros actores del sector en más de un millón de euros. Lo del Bar España es calderilla.

Y por el otro lado, salía dinero: el medio de Josele Sánchez acumuló una multa de 50.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos —impuesta cuando se llamaba La Tribuna de Cartagena, por publicar en 2018 el nombre completo y otros datos personales de la víctima de La Manada; la Agencia lo calificó de infracción grave—, y sobre los acusados pesa una fianza de 2,4 millones.

Lo que esto significa

No hay constancia de que nadie se hiciera rico con el caso Bar España. Y eso lo empeora, porque elimina la explicación tranquilizadora. Si lo hubieran hecho por dinero, serían estafadores y ya está. Lo que queda es más difícil de digerir: lo hicieron porque se lo creían, o porque el papel de justiciero les daba algo que el dinero no compra.

Fuentes: Newtral (26-5-2025) · datos de la campaña, verificados por Clave 45 · elperiodic.com.

Despecho, venganza, enfermedad… por qué acabó acusando a todo el mundo

Es la pregunta que queda flotando cuando se apaga el ruido: ¿por qué? ¿Por qué un peluquero de un pueblo de Castellón acabó acusando de pederastia y asesinato a su vecino, a su exmujer, a la jueza que archivó la causa, a un expresidente de la Diputación, a un president de la Generalitat, a una vicepresidenta, a una fiscal y a medio centenar de personas más?

Lo que consta en el expediente

Tres cosas, y ninguna es interpretación nuestra:

Una. Tras la separación, Colás entró en una espiral de alcoholismo severo y depresión. Es el retrato que sale de la instrucción y del reportaje de El Español: un hombre hundido, celoso y bebido.

Dos. La psicóloga designada por la propia jueza concluyó en 1997 que las niñas «coinciden en que nunca han visto a un hombre desnudo» y que «el padre las induce a recordar cosas que en realidad no han sucedido». Es decir: la inducción no es una sospecha posterior, está peritada desde el primer mes.

Tres. Fue condenado por denuncia falsa. Jurídicamente, un tribunal declaró que la acusación era conscientemente mentira.

1. El hombre que no acepta un archivo

Hay un patrón que la psiquiatría forense lleva un siglo describiendo y que en la literatura clásica se llamó paranoia querulante: la persona que, ante una resolución que considera injusta, no se resigna ni recurre y pasa página, sino que convierte la reclamación en el centro de su vida. La queja deja de ser un medio y se vuelve identidad y ocupación a jornada completa.

El rasgo que lo define no es la rabia: es la respuesta a la derrota. Donde la mayoría encaja un «no» y se retira, aquí cada «no» produce una escalada, y —esto es lo importante— la lista de acusados crece incorporando a quien acaba de decir que no.

Los psiquiatras forenses Paul Mullen y Grant Lester señalaron en 2006 algo que aquí encaja como un guante: el diagnóstico de paranoia querulante casi ha desaparecido de la práctica clínica, mientras que la conducta querulante se ha multiplicado, porque nunca hubo tantos canales donde reclamar. Colás agotó una veintena de instancias judiciales entre 1997 y 2005. Cuando se le acabaron los juzgados, llegó internet, que no archiva nunca.

2. Por qué acabó yendo a por la jueza

Esta es la pieza que mejor explica todo lo demás, y no hace falta ninguna patología exótica para entenderla. Es pura lógica interna.

Si partes de la certeza absoluta de que la red existe, entonces el archivo de la causa no puede ser un error honesto ni una falta de pruebas. Solo puede significar una cosa: que quien archiva está protegiendo a la red. La magistrada deja de ser una jueza que valoró unos indicios y pasa a ser una cómplice. Y lo mismo la Guardia Civil que no encontró nada, y los forenses que dijeron que los huesos no eran humanos, y la psicóloga que peritó a las niñas.

Por eso la lista de acusados solo podía crecer. No es que la maldad se multiplicara: es el sistema de creencias defendiéndose. Cada institución que dice «aquí no hay nada» queda automáticamente absorbida por la conspiración. Es el mismo motor de todas las teorías conspirativas, en su versión más pura: la ausencia de pruebas se reinterpreta como prueba del encubrimiento. Y cuanto más rotundo es el desmentido, más alto tiene que ser el cargo del que encubre.

De ahí a Fabra, Camps, Oltra o Bravo hay un solo paso, y es un paso obligado por la propia lógica: si nadie investiga algo tan enorme, es que los que mandan están dentro.

3. Por qué las niñas llegaron a decir que sí

Aquí no hay que especular, porque es de las cosas mejor estudiadas de la psicología del testimonio. Stephen Ceci y Maggie Bruck demostraron en los años noventa que con preguntas repetidas y dirigidas, refuerzos cuando el niño «acierta» y un adulto de autoridad que se incomoda cuando no se sigue el guion, los niños pequeños terminan produciendo relatos falsos que ellos mismos acaban creyendo. No mienten: recuerdan algo que no pasó.

Y el hallazgo que hace esto de verdad escalofriante: en sus experimentos, los profesionales que veían los vídeos no eran capaces de distinguir los relatos verdaderos de los falsos. Los niños falsos resultaban tan convincentes como los reales, o más.

Eso explica la paradoja central del caso: los vídeos de la peluquería no probaban nada —eran el producto del método, no de los hechos— y sin embargo resultaban demoledores para cualquiera que los viese sin contexto. Treinta años después, siguen funcionando igual de bien en YouTube y TikTok. Las hijas, ya adultas, se retractaron.

4. Por qué no podía echarse atrás

Para 2002 Colás había perdido la custodia, sus hijas habían pasado seis meses internas en un centro y él estaba condenado. Llegado ese punto, retractarse no significaba admitir un error: significaba aceptar que había destrozado a su propia familia por algo que se inventó él.

Es el coste hundido en su versión más cruel. Cuanto más caro te ha salido sostener una historia, más caro sale abandonarla, porque al soltarla se te viene encima de golpe todo el daño causado. Seguir adelante era más barato: mientras la red existiera, él no era un hombre que arruinó a sus hijas, era un padre coraje al que nadie escuchaba. Y siempre hubo alguien —Toscano primero, los canales de YouTube después— dispuesto a devolverle ese papel.

Entonces, ¿creía en ello o mentía?

Es la pregunta honesta, y la respuesta es que no se puede saber, y que quien te diga que lo sabe se lo está inventando.

Un tribunal declaró que mintió a sabiendas, y ese es el único hecho firme. Pero veinte años dan para mucho, y las dos cosas no se excluyen: está perfectamente documentado que repetir una historia acaba convenciendo también al que la cuenta. Pudo empezar como una venganza instrumental y fría en 1997 y terminar siendo una convicción sincera en 2015. O pudo no creérsela nunca y limitarse a disfrutar del papel. Lo que sí se puede afirmar sin margen es lo otro: los hechos que denunció no ocurrieron, y eso está establecido por una veintena de resoluciones judiciales, dos periciales y la retractación de las propias supuestas víctimas.

¿Arrastró a otros a su locura, o lo usaron a él?

Las dos cosas, pero en momentos distintos, y el orden importa.

Al principio, no arrastró a nadie: le prestaron el marco. La denuncia de 1997 es suya, y la venganza también. Pero la secta satánica no se le ocurrió a él: se la aportó Antonio Toscano, que se presentaba como criminólogo y psicólogo y que fue quien convirtió «mi vecino abusó de mis hijas» en «existe una red que asesina niños en rituales». Y fue Toscano quien dirigía las grabaciones. Sin él, esto se queda en un divorcio sucio con una denuncia falsa: una de tantas que cada año mueren en un archivo y de las que no se entera nadie.

Al final, la relación se invirtió del todo. Colás murió en diciembre de 2017, y la mayor expansión del bulo llegó después. La Tribuna de España lo difundió «añadiendo elementos de ficción propios». Ramón Valero lo llevó al Parlamento Europeo. Juan Lankamp lo soldó a Alcàsser, a las cintas snuff y hasta al Rey. Para entonces Colás ya no era el motor: era la materia prima. Un caso con papeleo judicial real —denuncias, diligencias, autos, archivos— que se podía agitar en pantalla como si fuera «documentación», y del que cada cual cogía el trozo que le servía.

Así que la respuesta corta es esta: él encendió la cerilla, pero el fuego que ardió veinte años lo alimentaron otros, y lo alimentaron por sus propios motivos —audiencia, dinero, ideología, notoriedad—. Por eso el bulo sobrevivió a su muerte sin despeinarse. Y por eso los nueve que se sentarán en el banquillo, si el juicio llega a celebrarse, no son su familia ni sus vecinos: son periodistas, blogueros, un documentalista y un par de youtubers.

Lo verdaderamente incómodo

Que este mecanismo no necesita a un loco. Necesita cinco ingredientes: un hombre en ruina personal, un «profesional» que le aporte el marco teórico —Toscano y su secta satánica—, unos niños en la edad exacta de máxima sugestionabilidad, un clima social preparado para creerlo —Alcàsser, Dutroux, 1997— y unos altavoces que difundan sin verificar nada.

Quita cualquiera de los cinco y esto no ocurre. Y por eso la historia se repite: no porque haya más enfermos, sino porque los otros cuatro ingredientes están siempre disponibles. En 1997 hacía falta un plató de televisión. Hoy basta un móvil.

Fuentes: P. E. Mullen y G. Lester, «Vexatious litigants and unusually persistent complainants and petitioners: from querulous paranoia to querulous behaviour», Behavioral Sciences & the Law 24(3), 2006, pp. 333-349 (Wiley) · S. J. Ceci y M. Bruck, Jeopardy in the Courtroom: A Scientific Analysis of Children's Testimony, American Psychological Association, 1995 (ficha en el Office of Justice Programs) · Cornell University, sobre la imposibilidad de distinguir relatos infantiles falsos de verdaderos (1997) · El Español, «Toda la verdad sobre el Bar España» (7-7-2019) · informe pericial psicológico de las Diligencias Previas 522/97, Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaròs.

Cuatro muertos, dos en rebeldía y un juicio que no llega

Treinta años después de aquella denuncia en el cuartel de Vinaròs, el caso Bar España termina sin terminar.

El juicio no se ha celebrado. El auto de apertura es de enero de 2022; a día de hoy la causa sigue pendiente de señalamiento. Sobre si hay fecha, y por qué se ha tardado tanto, cerramos esta rama con el estado exacto del caso.

Mientras tanto, el tiempo ha ido haciendo su trabajo:

• Reinaldo Colás, el hombre que lo empezó todo, murió de cáncer de hígado el 2 de diciembre de 2017.
• Antonio Toscano, el falso criminólogo, murió de un infarto en diciembre de 2018.
• Valentí Figueres, el documentalista acusado, murió el 2 de marzo de 2025 a los 62 años. Su película sobre el caso nunca llegó a estrenarse.
• Josele Sánchez, director de La Tribuna de España, falleció en julio de 2024 según medios afines a él. Antes había sido condenado a tres años de prisión —en una causa distinta— por difundir la identidad de la víctima de La Manada.
• Dos acusados siguen en rebeldía, en paradero desconocido.

Así que el balance es este: el creador del bulo murió sin ver juicio, tres de los principales difusores también, y quienes siguen vivos llevan cuatro años y medio esperando una vista que no llega. Las personas difamadas —la magistrada, Farina, los trabajadores del centro de menores, los cincuenta y tantos nombres de la lista— llevan tres décadas conviviendo con ello.

No hay redención ni castigo ejemplar al final de esta historia. Solo desgaste. Que es, probablemente, lo que de verdad producen los bulos: no un desenlace, sino una erosión lenta que se lleva por delante vidas enteras y no devuelve nada.

Y que conste que esa lentitud no es una anécdota administrativa: es parte de la historia. Treinta años desde los hechos, cuatro y medio desde que se abrió juicio oral, cuatro promotores muertos por el camino y dos acusados a los que nadie encuentra. Cuando la reparación llega tan tarde ya no repara: solo certifica. Difamar sigue siendo rápido, gratis y sin plazos; defenderse cuesta décadas.

Dónde comprobarlo todo

No hace falta que nos creas. Todo lo que sostiene está publicado, y estos son los sitios donde puedes verificarlo por tu cuenta.

El periodismo que lo desmontó

• David López Frías, «Toda la verdad sobre el Bar España», El Español (7-7-2019) — el reportaje que localizó a las hijas ya adultas y con el que se derrumbó todo.
• El Español, «El mayor bulo de la Historia sobre políticos y jueces violadores llega al final» (3-4-2021).
• Newtral, verificación del caso (10-7-2019).
• Cadena SER, Jaime Macías (26-5-2019): el juez cita a Carlos Fabra, Francisco Camps y Mónica Oltra como perjudicados e investiga a una veintena de personas por injurias y calumnias.
• laSexta, «Equipo de Investigación»: «Bar España: historia de un bulo», emitido el 4 de febrero de 2022. Es donde varias de las personas difamadas hablan por primera vez en dos décadas. Disponible en la web de laSexta y en atresplayer.

Divulgación y escepticismo

• Edgar Luis, «El Reptiliano Escéptico», es seguramente quien más horas le ha dedicado al caso desde la divulgación escéptica. En su canal Conversaciones amenas hay una serie entera, «Bar España: lo no contado» —once episodios, buena parte con David Saiz—, que va desmenuzando los testimonios uno por uno: las contradicciones de las hijas de Reinaldo, las de Francisco Rius y las de Mari Carmen Rius en su declaración en el juzgado, las preguntas fuera de lugar de Toscano, los huesos que no eran humanos, la figura de la jueza Sofía Díaz y un programa dedicado a Un Técnico Preocupado. Incluye además una entrevista a David López Frías, el periodista de El Español que localizó a las hijas de Colás. Todo está en su canal de YouTube y en su blog, donde también desmonta a Lankamp, el adrenocromo y el caso Dutroux.
• Clave 45, T8 · Ep. 258 — «El caso Bar España: los inculpados», con Edgar y Nacho (también en YouTube).

Una advertencia sobre Wikipedia

La ficha «Caso Bar España» sirve para la cronología, pero contiene un error de bulto: da por hecho que los nueve acusados «fueron condenados y las sentencias son firmes». No es verdad. Lo que hay es un auto de apertura de juicio oral, y el juicio no se ha celebrado. La enlazamos igualmente, pero con la advertencia por delante: hasta las fuentes buenas se equivocan, y este caso va justamente de eso.

Fuentes: elDiario.es (21-1-2026), que confirma que el caso sigue pendiente de señalamiento · Valencia Plaza · Maldita.es.

Todos los nombres del caso, y qué papel jugó cada uno

Treinta años de caso dan para mucha gente. Esta es la lista, ordenada por el papel que jugó cada cual. Sirve de índice: si te has perdido en alguna rama, aquí está quién es quién.

Quienes lo crearon

• Reinaldo Colás Navarro — peluquero de Benicarló. Presentó la denuncia el 7 de abril de 1997 tras separarse de su mujer. Es el único difusor con condena penal: quince meses por denuncia falsa, de los que cumplió unos cuatro. Murió de cáncer de hígado el 2 de diciembre de 2017.
• Antonio Toscano Marqués — se presentaba como criminólogo y psicólogo. Aportó el marco de la «secta satánica» y dirigía las grabaciones del piso de encima de la peluquería. Murió de un infarto en diciembre de 2018.

Los nueve del auto de apertura de juicio oral (acusados, no condenados)

• María Pilar Teresa Baselga Calvo — blog «No morir idiota» y canal de YouTube. La Fiscalía pide para ella siete años y medio de prisión y 45.900 € de multa. En mayo de 2026 fue absuelta en otra causa —la del bulo sobre la mujer del presidente del Gobierno—, sentencia que está recurrida.
• Javier Fernández Torres — contratado por Colás, elaboró dictámenes bajo el paraguas de «Abogados contra la Corrupción». El auto dice que usaba el colectivo «como pantalla».
• José Eduardo «Josele» Sánchez Juan — director de La Tribuna de Cartagena y después de La Tribuna de España. Falleció en julio de 2024.
• Virginia Mota San Máximo — firmó en Aquí Actualidad, el 14 de noviembre de 2016, «Una red de pedofilia implica a políticos muy conocidos».
• Carlos García Viejo.
• Valentí Figueres — documentalista premiado internacionalmente. Rodó sobre el caso una película que nunca llegó a estrenarse. Murió el 2 de marzo de 2025, a los 62 años.
• Ramón Valero Martín-Consuegra — «Un Técnico Preocupado». Llevó el caso al Parlamento Europeo en 2021. Es el único de los grandes difusores que sigue publicando.
• Juan Lankamp Riaza — canal «CSI Juan». En rebeldía procesal. Tiene condena firme por acusar al Rey emérito (720 € de multa, confirmada por el Supremo el 26 de octubre de 2023) y condena civil de 24.000 € a la magistrada.
• Joaquín Crespo Marqués — en rebeldía procesal, en paradero desconocido.
• Santiago Cordido García — editor de Aquí Actualidad; figura en la causa como responsable civil.

Quienes lo pagaron

• Giuseppe Farina — el «vecino italiano», pareja de la exmujer de Colás y primer acusado. Expresidente del AC Milan (1982-1986), el último antes de Berlusconi. Investigado en 1997-98 y completamente exonerado. Murió el 22 de abril de 2025, a los 91 años.
• Sofía Díaz García — magistrada del Juzgado de Instrucción nº 2 de Vinaròs. Su «delito» fue archivar en 1997 una denuncia inverosímil. La persiguieron veinte años. Ganó la sentencia 54/18.
• Carlos Fabra, Francisco Camps, Mónica Oltra y Gabriela Bravo — cargos públicos difamados, todos ellos perjudicados en la causa. Oltra, además, fue quien derivó la documentación a la Fiscalía en 2016, justo lo contrario de lo que sostenía el bulo.
• Un capitán de la Guardia Civil, también entre los perjudicados.
• La exmujer de Colás y sus dos hijas — las niñas, de cinco y tres años en 1997, pasaron seis meses internas en un centro de menores a consecuencia de la denuncia de su padre. Ya adultas, se retractaron.
• La exdirectora y una docena de trabajadores del centro de menores Baix Maestrat — acusados de «suministrar» niños. Ninguno fue procesado jamás.
• Los veintisiete «testigos» — toxicómanos y jóvenes en situación vulnerable a los que se grabó «con la promesa de beneficios». También son víctimas.
• Y medio centenar de personas más, particulares en su mayoría, cuya lista no publicamos aquí por la razón evidente.

Quienes lo desmontaron

• David López Frías y El Español — localizaron a las hijas de Colás ya adultas (7 de julio de 2019). Es el reportaje que derribó el caso.
• «Equipo de Investigación» (laSexta) — «Bar España: historia de un bulo», 4 de febrero de 2022.
• Newtral y Maldita.es — verificaciones de julio de 2019.
• Edgar Luis, «El Reptiliano Escéptico» — la serie «Bar España: lo no contado», once episodios.
• El Instituto Nacional de Toxicología — analizó los restos óseos: ni siquiera podía asegurarse que fueran humanos.
• La agencia de detectives Método 3 — concluyó que no había «ninguna prueba de la existencia real del caso».

Elaboración propia a partir del auto de apertura de juicio oral (26-1-2022), la sentencia 54/18 y las fuentes citadas en cada rama.

Treinta años del caso Bar España, de 1992 a hoy

Treinta años en una sola pantalla. En azul los hechos judiciales, en rojo la fabricación y difusión del bulo, y en ámbar el contexto y las consecuencias.

Léase entera y salta a la vista lo que cuesta ver rama a rama: desde 2008 no hay un solo hecho nuevo. Todo lo que ocurre a partir de ahí es difusión de un relato que los tribunales ya habían cerrado, y la lenta reparación de los daños que esa difusión fue causando.

Elaboración propia a partir de las resoluciones judiciales y las fuentes periodísticas citadas en cada rama.